SOMBRERETE, ZAC.- El Frente Social por la Soberanía Popular (FSSP) denunció, a través de sus redes sociales, un derrame tóxico de jales en la mina de San Martín en este municipio zacatecano.
Este jueves se alertó de la situación y el dañó ecológico que causará.
Se informó que el derrame de jales contiene reactivos como cianuro, sulfato de zinc, sulfato de cobre.
Los materiales tóxicos han caído directamente al arroyo que cruza la comunidad y que va a desembocar en los sembradíos de frutales y demás cultivos de granos básicos.
En estos momentos, la empresa de Germán Larrea Mota Velasco trata inútilmente de detener este derrame con maquinaria.
La alerta se mantiene en la región debido al daño irreversible a la flora, la fauna, el agua y toda forma de vida; sin embargo, se desconocer las hectáreas afectadas.
Esta situación, se denunció a nueve meses de que la unidad de Minera México reabrió sus puertas, después de 11 años de permanecer en huelga.
Tras la rehabilitación de la mina, se tenía contemplado que durante el primer semestre de 2019 empezarán las operaciones. La mina tiene vetas de cobre, plata, zinc y plomo.
Según el sitio oficial de Grupo México ésta es la cuarta empresa más grande de México y actualmente tiene activos en siete países, además de más de 30 mil colaboradores en territorio mexicano.
La unidad de San Martín permaneció en huelga por más de una década.
ZACATECAS.- El Registro Agrario Nacional (RAN) confirmó que no existen permisos otorgados por asambleas ejidales de Atotonilco, El Potrero, Estancia de Guadalupe y Corrales, para la construcción de la presa Milpillas.
Lo anterior, pese a que Gobierno del Estado anunció la pronta licitación del proyecto para el municipio de Jiménez del Teul.
El pasado 20 de marzo, en los oficios marcados con los números 428, 419 y 420, el RAN constató que en los ejidos mencionados no se ha autorizado el proyecto hídrico.
Lo anterior, pese a que en días pasados, el titular de la Secretaría del Agua y Medio Ambiente (SAMA) anunciara que en un mes se estaría licitando, a las empresas interesadas, la construcción de la cortina de la presa.
Este martes, el Movimiento en Defensa del Territorio y del Río Atenco, dio a conocer mediante un comunicado la resolución del RAN.
Desde octubre pasado, ejidatarios e integrantes del Observatorio de Conflictos Mineros de Zacatecas y de la Red Mexicana de Afectados por la Minería acudieron al RAN a solicitar las supuestas actas de asamblea donde los ejidos involucrados otorgan a Gobierno del Estado la autorización para la construcción del proyecto hídrico.
Desde octubre pasado ejidos denunciaron irregularidades para lograr la autorización del proyecto.
El RAN respondió a los solicitantes que hasta el momento no existen actas de asambleas registradas que autoricen la presa.
Desde el año pasado, los ejidatarios han denunciado la corrupción, violación a derechos humanos, mentiras e intereses que están detrás del proyecto de la presa Milpillas.
Por ello, advirtieron que existe el riesgo de registrar actas apócrifas y se viole con ello el derecho de los afectados, pues ha habido intentos de legitimar la construcción de la presa con asambleas «amañadas», así como intento de compra de algunos órganos de representación ejidal.
Ante esta situación, se pidió a Gobierno Federal investigue a profundidad el caso y frene las violaciones contra los ejidatarios.
Se explica que desde la federación se presupuestaron para este proyecto 504 millones de pesos, mientras que la administración estatal no ha aportado ningún recurso.
«Por lo que hace suponer que la ausencia que anuncia como única alternativa para abatir el problema de agua en la zona centro Fresnillo-Zacatecas-Guadalupe, es una mentira que esconde corrupción», según refiere el comunicado.
MAZAPIL, ZACATECAS.- Han pasado siete años desde que el manantial de la comunidad de Cedros, en este municipio, se secó. Los pobladores de la zona atribuyen esta problemática a la actividad de la Minera Peñasquito, la más grande en extracción de oro en México.
A consecuencia de esto y los constantes conflictos que ha causado la actividad minera, los ejidatarios han tenido tomada por más de cinco días las vías de acceso al complejo.
Los manifestantes han amenazado con no retirarse y quitar el bloqueo hasta que no vean resueltas sus peticiones.
«La triste realidad es que desde 2012 se secó el manantial de la comunidad de Cedros, y después de siete años estamos insistiendo en que la minera responda ante ese hecho”, expresó, Felipe Pinedo Hernández, integrante del Frente Popular de Lucha de Zacatecas (FPLZ).
Desde entonces, los habitantes viven con difícil acceso al agua potable, pues no tienen pozo, mientras que en la localidad de Charcos, se instaló recientemente una planta de tratamiento, pero el agua que se extrae contiene selenio, mercurio, plomo y otros minerales que son cancerígenos.
Ante esta situación, los habitantes de la región han manifestado que tendrán cero tolerancia ante la devastación ecológica de Peñasquito.
“Es el tema del agua el que movió a los ejidatarios de la región a tomar las vías de acceso a la minera Peñasquito”, precisó el líder social.
Gold Corp tiene una utilidad de 12 mil millones de dólares desde 2006 a la fecha, equivalente a 228 mil millones de pesos, ante lo cual cuestionó cuánto ha dado la empresa por concepto de responsabilidad social, pues mencionó que apenas otorga entre 10 o 15 centavos de dólar para las comunidades de la que explotan la riqueza minera.
La empresa en Mazapil se inauguró durante la administración panista del expresidente, Felipe Calderón Hinojosa, con una inversión de mil 700 millones de pesos.
La inversión realizada en Peñasquito representaó, en ese entonces, la más importante de las dos últimas décadas en el sector minero nacional; pondrá al país entre los cinco mayores productores de oro en el mundo y el más importante productor de plata. Además, generará dos mil 500 empleos directos y 12 mil 500 empleos indirectos.
Tras el bloqueo de los accesos al complejo minero, mediante un comunicado oficial, Minera Peñasquito informó que desde el pasado 27 de marzo, un grupo de 35 personas, aparentemente de la Comunidad de Cedros y agremiados a CAVA, bloquearon el principal acceso a la Mina Peñasquito.
Entre las exigencias, está un pago de 442 millones de dólares por la presunta afectación a un Socavón en dicha comunidad.
A este bloqueo
se unieron agremiados de CAVA quienes desde el pasado 8 de febrero suspendieron
servicios y cuyos camiones se encontraban afuera del acceso principal a la mina,
dichos agremiados demandan un pago de 184 millones de pesos por una supuesta “tarifa
de desplazamiento», que según ellos se produjo cuando Peñasquito otorgó la
última Etapa del proyecto de construcción de la Presa de Jales a la empresa
EPSA debido a las necesidades de ingeniería de proyecto.
Se explicó que directivos de Peñasquito retomarían las conversaciones una vez que el bloqueo haya sido levantado pues las políticas de la empresa impiden negociar bajo la presión de bloqueo.
La compañía minera afirmó que tendrá cero tolerancia al bloqueo y otras acciones ilegales: «defenderemos el derecho constitucional al libre tránsito y el acceso al trabajo, es por ello que tomaremos las medidas contempladas en dicha política y nos reservaremos el derecho de solicitar la intervención de las autoridades correspondientes para salvaguardar los interés de la empresa y la seguridad de nuestros colaboradores», se expresó en el comunicado especial.
ZACATECAS, MEX.- La Minera Peñasquito filial de Gold Corp y Newmont sumó a su larga lista otra queja de proveedores y habitantes de comunidades aledañas al complejo minero, ubicado en el municipio de Mazapil, por incumplimiento en acuerdos y daños al ecosistema.
En
esta ocasión, los transportistas Unión de Transportistas y Trabajadores del
municipio de Mazapil amenazaron con bloquear los accesos a la mina por
incumplimientos en acuerdos con la firma canadiense.
La organización integra más de 90% de los
ejidatarios de Mazapil, quienes hace una década firmaron acuerdos con la
empresa minera que se comprometió a que a cambio del uso por la extracción y
explotación del suelo de la región, a cambio de ofrecer empleo de manera
preferencial y permanente todo el tiempo de vida de la mina en áreas de acarreo
de material pétreo, agua en pipa, proveeduría de mercancías y servicios.
En 2018, los accesos de la mina fueron bloqueados por transportistas por incumplimientos con la empresa.
Sin embargo, la minera otorgó casi en su
totalidad el acarreo de materiales a la empresa EPSA, de capital español,
dejando sin empleo a los ejidatarios.
En junio de 2018, los ejidatarios
realizaron un bloqueo en la minera para que respetaran los convenios que se
suscribieron en 2009 por el cambio del uso de sus parcelas y agostaderos de
manera temporal.
Respecto a los daños ecológicos por los
que se señala a la minera, Lauro Herrera Méndez afirmó que la contaminación del
medio ambiente, escases de agua, afectaciones a la fauna y falta de tierras de
cultivo son sólo algunos de los daños que ha dejado el complejo minero en todo
el municipio.
Incluso, refirió que se han registrado supuestas
muertes de niños por contaminación, y que al menos cuatro comunidades cercanas
a la mina debieron ser reubicados y no ha sucedido.
Indicó que 435 ejidatarios de la comunidad
de Cedros han tenido que soportar los basureros generados alrededor de la mina.
El campo se ha devastado, los mantos acuíferos
y la poca agua que queda está contaminada,
sostuvo.
Los inconformes aclaran que no están en
contra del desarrollo, pero la falta de compromiso de la mina los hace ver como
los peores enemigos de la empresa del sector metalúrgico.
Por lo que esperarán a que se respeten los
acuerdos y evitar así la movilización que tienen planeada.
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